​El entorno de los proyectos se caracteriza por una mezcla de aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos, entre muchos otros. En estas circunstancias la inversión social se configura como un mecanismo de acción que integra factores ambientales y sociales en beneficio de las comunidades que cobra mayor relevancia con el propósito establecido por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014 de que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables se lleve a cabo con criterio de sostenibilidad.

Es por eso que el Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos contempla que como parte de los proyectos se lleven a cabo acciones de inversión social, definidas en la Minuta del Contrato como compromisos que el contratista asume con las comunidades del Área de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo sostenible. Esta definición incluye las actividades e inversiones empresariales que buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y económico, y mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operación.

La inversión social en el marco de la licencia ambiental
El proceso de licenciamiento ambiental, se basa en un estudio de impacto ambiental en el cual se especifican de manera clara, entre otros aspectos, los recursos naturales afectados durante la realización de un proyecto.

El Decreto 2820 de 2010, define los proyectos, obras o actividades del sector de hidrocarburos que deben respaldarse en una Licencia Ambiental:

a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se reali- cen en profundidades inferiores a 200 metros

b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos.

c) La explotación de hidrocarburos que incluye la perfora- ción de los pozos de cualquier tipo.

d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura de líneas de conducción.

e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, entendidos como la infraestructu- ra de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarbu- ros y sus productos y derivados por ductos.

f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación.

En términos generales, y en relación con la actividad pe- trolera, la Licencia Ambiental no se requiere en trabajos de sísmica, ni para la exploración a través de pozos exploratorios (o estratigráficos), por considerarse una actividad de bajo impacto.

No obstante, deben tramitarse los permisos de uso y apro- vechamiento de recursos naturales ante las Corporaciones Autónomas Regionales e informar a los estamentos de gobierno locales y organizaciones comunales del área de influencia del proyecto de las acciones a llevar a cabo, así como del manejo de los recursos naturales intervenidos que puedan tener afectación o no.​​

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La consulta previa
La Consulta Previa es un Derecho Fundamental que tienen las comunidades indígenas, negras y gitanas, jurídicamente consagrado por el Convenio 169/1989 de la OIT y ratificado en la legislación Colombiana mediante la Ley 21 de 1991,

la cual otorga la oportunidad y garantía para que éstas, Participen en aquellas decisiones y proyectos que las puedan interesar, a fin de que su integridad étnica y cultural no se vean afectadas.

La Consulta Previa es un diálogo entre dos culturas, en el que los ejecutores de los proyectos (empresas) y los grupos étnicos (indígenas, negros y gitanos), bajo la coordinación del Gobierno, a traves del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior, hacen mutuamente comprensibles sus intereses y expectativas, teniendo como base principal la participación de tales grupos, para armonizar la ejecución del proyecto con la cosmovisión del pueblo interesado,
con el propósito de proteger la diversidad étnica y cultural del país y la supervivencia del grupo étnico con sus especiales características en todos sus aspectos(culturales, económicos, ambientales y sociales). Son actos sucesivos de buena fe y confianza, entre Autoridades Públicas, Comunidades Étnicas y Empresas.

En lo relacionado con el derecho a la Consulta Previa, de conformidad con la normatividad y jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia, podemos mencionar, entre otros, los siguientes principios:

• Buena fe.
• Autonomía y diversidad étnicas.
• Transparencia.
• Libertad. Legitimidad y representatividad.
• Debido proceso.
• Comunicación intercultural y garantía de entendimiento mutuo • Pluralismo jurídico.
• Publicidad

Participantes del proceso de consulta previa:

Partes:

Grupo Étnico (Indígenas, negros y gitanos).
Responsable del Proyecto (Empresa o Entidad Pública).Coordinadores:Ministerio del Interior – Grupo de Consulta Previa. Autoridad Ambiental
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Corporaciones Autónomas RegionalesGarantes:
Procuraduría General de la Nación.
Defensoría del Pueblo.
Personerías Municipales.
Oficinas de Asuntos Étnicos de las Gobernaciones y Alcaldías.
Instrumentos jurídicos:
Los instrumentos jurídicos que soportan este derecho, son los siguientes:

Convenio 169 de la OIT.
Constitución Política: Artículos 1, 2, 7 (El Estado reconoce yprotege la diversidad étnica y cultural de la Nación.), 8, 10, 40, 330 Parágrafo y 332. Bloque de Constitucionalidad Ley 21 de 1991 por la cual se adopta en la legislación interna el Convenio 169 de la OIT.
Ley 70 de1993.
Ley 99 de 1993, artículo 76.
Decreto 1320 de 1998.
Decreto 2820 de 2010 (Competencias en materia de LicenciasAmbientales)
Decreto 2893 de 2011, artículo 16 (Dirección de Consulta Previa).
Decreto 3573 de 2011 (Creación de la Autoridad Nacional deLicencias Ambientales).
Jurisprudencia de la Corte Constitucional
Los Programas en Beneficio de las Comunidades – PBC –​​

Los términos y condiciones para los Programas en Beneficio de las Comunidades PBCs están definidas en el Anexo
F de la minuta del Contrato E&P, en este se contempla
el marco normativo, el área de influencia directa, las características y aspectos generales tales como conocimiento de las dinámicas del área de influencia, mejoramiento de calidad de vida y Derechos Humanos, sistema de quejasy reclamos, participación de la comunidad, comunicación efectiva, coordinación con el Estado, sistema de auditoría externa. Finalmente cuenta con el contenido de los PBCs, entre los que se encuentra el programa de en Beneficio
de las Comunidades en la fase de exploración y en el plazo de duración de contratos TEA, Programas en Beneficio durante el periodo de evaluación y producción, plazos para la presentación de los PBCs, contenido de los informes para su presentación a la ANH y la descripción de las etapas del esquema de presentación.

Un ejercicio de elaboración y ejecución de los PBCs puede contemplar una serie de actividades entre las que se destacan:
Planeación: que comienza con un ejercicio de diagnóstico socio- ambiental del Área de Influencia Directa del proyecto, continúa con la formulación de los Programas para su presentación ante la ANH, que podrá aprobarlos o formular observaciones que
el contratista deberá tener en cuenta para hacer los ajustes correspondientes.
Ejecución: aprobados los Programas en Beneficio de las Comunidades –PBC-, comienza su implementación, sobre la cual la ANH adelanta un seguimiento siguiendo el modelo establecido para ello.
Resultado: la implementación de los PBC no solo deriva en el cumplimiento de una condición contractual, sino que se puede verificar también en los resultados, logros y avances reflejados en aspectos del entorno social de las comunidades.

Responsabilidad Social y Sostenibilidad
El papel que asumen las empresas como factores de desarrollo se expresa en lo que se conoce como Responsabilidad Social, un concepto que en Colombia y el mundo ha buscado definirse a partir de sus características y aspectos más relevantes, aplicados en diferentes experiencias e iniciativas.

El concepto de buenas prácticas es amplio y en la industria petrolera se asume desde perspectivas diferentes: económica – financiera, ambiental y social.
Este tipo de buenas prácticas se ha incorporado profundamente en el quehacer de las empresas del

sector hidrocarburos, convirtiéndose en un determinante
del lugar que sumen en él a partir de su proyección o de
su crecimiento. Por eso hay cada vez más iniciativas de promoción de las buenas prácticas sociales como las guías de protección de los derechos humanos.​